A-Infos (ca) Argentina, Organizacion-Obrera #102: EL ESTADO POLICÍACO COMO PARTE DEL PROGRAMA PSEUDO-LIBERTARIO DEL GOBIERNO NACIONAL (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]

Al mismo tiempo en que el nuevo gobierno pseudo-libertario de Javier 
Milei implementa su política destinada a reducir el aparato de Estado en 
materia social con vistas a ajustar a los sectores más vulnerables de la 
sociedad, con la misma velocidad pone en marcha el crecimiento del 
aparato represivo del Estado para intentar impedir la resistencia contra 
el programa de ajuste. Es decir que, mientras se pone en movimiento 
medidas destinadas a reducir la intervención del Estado en su rol 
social, en paralelo se toman otras para hacer cada vez más presente el 
Estado en su faceta represiva, en particular, en todo lo referente a la 
huelga y a la protesta.

Si tomamos como ejemplo uno de los objetivos que anunciaba el malogrado 
proyecto de Ley Ómnibus que era la limitación de "toda intervención 
estatal que no sea la necesaria", debemos concluir que, a la luz del 
crecimiento del aparato represivo que se está produciendo, la única 
intervención estatal necesaria para el nuevo gobierno es la destinada a 
limitar y reprimir la protesta. Por el contrario, la intervención del 
Estado en materia social, fenómeno surgido principalmente a partir del 
período de entreguerras del siglo XX como respuesta de los sectores 
dominantes frente al crecimiento del movimiento obrero organizado, se 
presenta ahora como innecesaria, acelerando de esta manera el proceso de 
reducción de las políticas sociales y de transferencia de esos recursos 
hacia a los sectores dominantes, proceso que se había iniciado ya 
durante los gobiernos anteriores de Macri y de los Fernández con el 
regreso de las políticas del FMI.

La cara más visible de este Estado Policíaco es la ministra de seguridad 
Patricia Bullrich, cuya primera medida en ese sentido fue el 
autodenominado "Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante 
el Corte de Vías de Circulación", dictado a escasos dos días de que el 
ministro de economía, Luis Caputo, anunciara el 12 de diciembre las 
primeras medidas de devaluación feroz del tipo de cambio oficial, 
generando una suba abrupta de los niveles de precios frente a una 
población ya empobrecida y con ingresos de miseria.

Este nuevo protocolo, a diferencia del dictado durante el gobierno de 
Macri en el año 2016, no contempla ninguna instancia de mediación entre 
las fuerzas represivas y los manifestantes. La lógica que aplica este 
nuevo protocolo es una particular interpretación del art. 194 del Código 
Penal (delitos contra el funcionamiento del transporte), considerando 
incluidos en el mismo a todos los casos de impedimento al normal 
funcionamiento del transporte. De esta manera, todas aquellas personas 
que estarían obstruyendo el tránsito, se los considera como delincuentes 
sorprendidos in fraganti, lo cual habilitaría a las fuerzas represivas a 
evitar la continuidad del supuesto delito, sin necesidad de autorización 
judicial y pudiendo proceder a realizar detenciones.

Uno de los aspectos que evidencian que la verdadera finalidad del 
protocolo es evitar la protesta, es el hecho de que el mismo 
expresamente autoriza a la intervención de las fuerzas represivas, 
incluso en aquellos casos en que no existe ninguna situación de peligro 
y aun cuando existan otras vías de circulación alternativas. Por lo 
tanto, si el bien jurídico a proteger sería supuestamente la seguridad 
del transporte como prevé el art. 194 del Código Penal, no se explica la 
necesidad en estos casos de aplicar el protocolo existiendo vías 
alternativas para que la continuidad del transporte y sin que exista 
situaciones de peligro para las personas.

La aplicación judicial realizada hasta el momento de ese protocolo 
respecto de los y las manifestantes detenidos durante el tratamiento del 
proyecto de Ley Ómnibus, deja a la vista también esa verdadera finalidad 
destinada a impedir la protesta misma bajo la excusa de perseguir la 
comisión de algún supuesto delito. En efecto, en muchas de esas 
detenciones, luego de producida la liberación, se les impone a los y las 
manifestantes como restricción mientras continúan las causas, la 
prohibición de poder acercarse a menos de mil metros del Congreso. Si 
tomamos en consideración de que se tratan de causas abiertas por 
supuesta resistencia a la autoridad y sin que se les pretenda aplicar 
ningún tipo penal relacionado con la obstrucción al normal 
funcionamiento del Congreso, no se explica el sentido de esa 
restricción. El Congreso no es el objeto del supuesto delito por el cual 
se los procesa. La única explicación posible es querer impedirles que 
puedan seguir manifestándose contra el proyecto de ley que se trataba en 
el recinto del Congreso. Más claro fue en ese sentido el caso de uno de 
los detenidos que, por domiciliarse a pocas cuadras del Congreso, su 
restricción fue la de no poder acercarse a ninguna manifestación.

Una muestra del carácter de Estado Policíaco que está asumiendo con el 
nuevo gobierno, es la regulación sobre las reuniones y manifestaciones 
públicas que contenía el proyecto de Ley Ómnibus. Es sabido que el mismo 
establecía que toda reunión o manifestación pública de 3 o más personas 
debía requerir autorización previa del Ministerio de Seguridad. La 
ínfima cantidad de personas exigida por el proyecto generó todo tipo de 
comentarios al respecto, lo que llevó a Bullrich a modificar el proyecto 
elevando a 30 el número mínimo de personas, regulación que por el 
momento quedó en stand by con la caída del tratamiento del proyecto de 
Ley Ómnibus.

Pero lo que pocos saben es el motivo por el cual el proyecto original 
preveía un número mínimo de 3 personas para exigir la autorización 
previa. Esto se debe a que el art. 210 del Código Penal cuando tipifica 
el delito de asociación ilícita prevé un número mínimo de 3 personas 
como integrantes de la asociación para que se pueda calificar ese 
delito. De esta manera, de forma analógica, la regulación de las 
reuniones y manifestaciones públicas contenida en el proyecto de Ley 
Ómnibus aplicaba el mismo número mínimo de personas previstas para el 
delito de asociación ilícita. Si continuamos el razonamiento seguido por 
esta regulación, una reunión o manifestación pública de 3 o más personas 
podría tratarse de una asociación ilícita, situación que ameritaría 
requerir la autorización previa del Ministerio de Seguridad, el cual 
podría oponerse a su realización por razones de seguridad que no son 
especificadas en el proyecto.

Ahora bien, lo que se diferencia esta regulación de las reuniones o 
manifestaciones públicas a la figura penal de la asociación ilícita, es 
que en esta última se requiere además que la asociación tenga como 
finalidad la de cometer delitos. Por el contrario, en el proyecto de Ley 
Ómnibus, con el sólo hecho de ser una reunión o manifestación de 3 o más 
personas, ello habilitaba la aplicación de esa normativa y la 
intervención del Ministerio de Seguridad. Se puede decir que, para esta 
última, la finalidad delictiva de la eventual reunión o manifestación no 
era requerida para aplicar esa normativa, bastaba con la sola reunión o 
manifestación para habilitar su intervención. Es decir que de la figura 
de la asociación ilícita toma sólo el número mínimo de personas y no la 
finalidad de la misma, situación esta última que es lo que justamente 
califica de ilícita a la asociación y justificaría de algún modo su 
penalización. Ahora en cambio, lo peligroso para el Estado es la reunión 
o manifestación misma de personas sin importar su eventual finalidad 
delictiva.

Es inevitable recordar las causas penales por asociación ilícita 
iniciadas contra sociedades de la FORA durante la dictadura de Uriburu, 
por el solo hecho de ser agrupaciones destinadas a realizar medidas de 
acción directa en defensa de sus derechos y conquistar mejores 
condiciones de vida y de trabajo. Nuevamente, como ha sucedido en 
numerosas etapas de nuestra historia, el Estado se siente amenazado por 
la protesta y la concentración de personas en la vía pública, lo que lo 
lleva a dictar este tipo de regulaciones destinadas a impedir y 
perseguir las reuniones y manifestaciones públicas. Esta actitud y 
proceder del Estado es lo que lo califica de Estado Policíaco, el cual 
ve a la población misma en su conjunto como una amenaza, al punto tal 
que justifica su intervención represiva ante cualquier mínima señal de 
eventual resistencia o expresión colectiva de esa población. Esto es lo 
que lo lleva a colocar a la seguridad como su principal estandarte.

La reconfiguración del Estado hacia un Estado Policíaco con las 
características que venimos señalando, no se produce porque sí, sino que 
responde a una estrategia más amplia del gran capital que provecha un 
evidente momento de estrepitoso retroceso de la organización obrera, 
para tomar medidas destinadas a concentrar en pocas manos el proceso 
productivo y de explotación capitalista, a costa del conjunto de la 
clase que vive de su trabajo, imponiendo profundas reformas laborales, 
sociales, ambientales y en las cuentas públicas que favorecen al negocio 
de los grupos concentrados. El grado de retroceso experimentado por el 
movimiento obrero organizado, es el puntapié que le permite al Estado 
reducir su rol en materia social y de mediador ante el conflicto de 
clases para la continuidad del orden económico capitalista, pasando a 
reconfigurarse como un Estado Policíaco al servicio exclusivo de las 
clases dominantes a los fines de implementar drásticamente sus políticas 
de ajuste.

El abandono del rol del Estado en materia social como medio para 
intentar apaliar las enormes desigualdades generadas por sistema 
capitalista de producción, no sólo implica un cambio de estrategia de 
los sectores dominantes respecto al rol del Estado, sino que además 
importa una enorme transferencia de recursos previstos para esos fines 
hacia los grupos concentrados, como viene sucediendo, por ejemplo, con 
los recursos del ANSES para responder al endeudamiento público. A este 
ejemplo se pueden sumar los proyectos del actual gobierno de privatizar 
empresas públicas, eliminar las restricciones en materia de venta de 
tierras y transferir al tesoro nacional la totalidad de los activos del 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen de jubilaciones y 
pensiones.

El considerable fortalecimiento de los sectores dominantes que les 
permite considerarse en condiciones de poder implementar todas estas 
políticas de ajuste feroz, es producto como decíamos del gran retroceso 
experimentado por el movimiento obrero organizado en los años de 
gobierno de los Fernández que, junto con la complicidad de las 
burocracias enquistadas en las cúpulas de las organizaciones sindicales, 
se han dedicado a militar el quietismo y la paralización de la lucha 
sindical. Todo esto en el marco de la implementación de las políticas de 
ajuste del FMI que han llevado a la pobreza a la mayor parte de la 
población y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las 
jubilaciones. Es solo una muestra de ello el hecho de que Alberto 
Fernández haya finalizado su mandato con un 40% de pobreza y sin una 
huelga general declarada durante todo su gobierno, único presidente sin 
una sola huelga general desde la caída de la dictadura cívico-militar.

El temor que las clases dominantes tienen a las manifestaciones y 
protestas colectivas, expresiones propias del principio de acción 
directa, evidencia su enorme potencial para impedir la avanzada 
ajustadora y encender la chispa para la transformación social. Ninguna 
forma de Estado ha impedido que tarde o temprano las masas populares se 
alcen contra quienes los hambrean y precarizan su vida, a lo que debemos 
sumar a esta lucha como foristas los principios de la organización 
horizontal y federativa para la construcción de un nuevo orden social y 
dejar de entregar nuestros destinos a supuestos representantes del pueblo.

LEONARDO ELGORRIAGA

https://organizacion-obrera.fora.com.ar/2024/03/27/el-estado-policiaco-como-parte-del-programa-pseudo-libertario-del-gobierno-nacional/
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