A-Infos (ca) Argentina, FORA, Organizacion-Obrera #101: LEGISLACIÓN LABORAL, LAS REFORMAS DEL PROYECTO DE LEY ÓMNIBUS EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL - LEONARDO ELGORRIAGA (de, en, fr, it, pt, tr)[Traducción automática]

El proyecto de ley elaborado por el nuevo gobierno nacional denominado 
"Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", 
conocida también como "Ley Ómnibus", contiene una amplia y extensa 
delegación de facultades legislativas de competencia exclusiva del 
Congreso Nacional en favor del Poder Ejecutivo Nacional, concediéndole a 
ésta la suma del poder del Estado para implementar toda una política de 
ajuste feroz sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y dar vía 
libre a los sectores concentrados del poder económico para imponer sus 
condiciones a costa de los más necesitados. En resumidas cuentas, lo que 
el proyecto de ley denomina como "bases y punto de partida para la 
libertad de los argentinos", no es otra cosa que la libertad de los 
poderosos para aprovecharse todavía más del conjunto de la sociedad y 
hacer pagar a los trabajadores y a las trabajadoras las consecuencias de 
una crisis que no generaron.

A continuación, se analizan las reformas que el proyecto de Ley Ómnibus 
introduce en materia laboral y previsional:

EL "BLANQUEO" LABORAL:

Como medida para intentar reducir los índices de empleo no registrado, 
el proyecto establece un régimen conocido generalmente como "blanqueo", 
el cual consiste en la fijación de un plazo de 90 días corridos a partir 
de la entrada en vigencia de la ley, para que los empleadores 
regularicen a los trabajadores y las trabajadoras no registrados o 
incorrectamente registrados.

Los empleadores que realicen dicha regularización dentro del plazo 
establecido, se les podrá eximir de la acción penal por delitos 
tributario y del pago de multas e infracciones, como así también se le 
reducirá las deudas por aportes y contribuciones adeudadas, entre otras 
medidas.

Establece que los trabajadores y las trabajadoras así regularizados se 
les computarán aportes hasta un máximo de 5 años. Si el trabajador y la 
trabajadora regularizados habían trabajado sin registrar por más de ese 
tiempo, no se les computará aportes por todo ese tiempo en exceso a los 
fines de cumplir con los años de servicio requeridos para obtener el 
beneficio de la jubilación y para la prestación por desempleo.

Además, se computarán aportes, no sobre el salario efectivamente 
devengado, sino sobre una remuneración equivalente al salario mínimo 
vital y móvil. Los meses así regularizados no se computarán a los fines 
del cálculo del haber jubilatorio. Esto puede afectar a aquellos 
trabajadores y trabajadoras que estén próximos a jubilarse porque, si en 
los meses regularizados los salarios efectivamente devengados eran 
elevados, al no tomarse en consideración para el cálculo del haber 
jubilatorio, ello podría eventualmente incidir en forma negativa en el 
haber jubilatorio que vayan a percibir.

La implementación de sistemas de "blanqueo" como el previsto en este 
proyecto, fue implementado en otras oportunidades en nuestro país, como 
fueron los casos de la ley 24.013 (1991) y de la ley 26.940 (2014), y no 
dieron resultados significativos a los fines de reducir los índices de 
trabajo no registrado.

El fracaso de este tipo de medidas se debe a que la decisión de los 
empleadores de regularizar a los trabajadores y trabajadoras no depende 
de las deudas por aportes y contribuciones y las sanciones que pueda 
tener por el tiempo en que los trabajadores y las trabajadoras se 
desempeñaron sin registración laboral. La práctica habitual de los 
empleadores a la hora de regularizar a un trabajador o trabajadora es la 
de consignar como falsa fecha de ingreso a la fecha de registración y no 
la fecha real de ingreso en la empresa. De esta manera, los empleadores 
evitan tener que abonar deudas por aportes y contribuciones y las 
eventuales sanciones que puedan tener, por los períodos en que el 
trabajador y la trabajadora se desempeñaron sin registración laboral.

Se trata de una medida claramente destinada a aparentar que se intenta 
hacer algo con el trabajo no registrado, especialmente luego de que el 
DNU Nº 70/2023 derogara todas las indemnizaciones por trabajo no 
registrado a favor de los trabajadores y trabajadoras afectados. Lo 
cierto es que, con las medidas devaluativas y el achicamiento de la 
economía mediante la reducción del consumo, los sectores pymes en donde 
se registran los mayores índices de trabajo no registrado seguirán 
ajustando por el lado de los laburantes y la informalidad laboral 
continuará e incluso crecerá.

CRIMINALIZACIÓN DE LA HUELGA Y DE LA PROTESTA:

El proyecto de ley dentro del capítulo dedicado a la "Seguridad 
Interior", contiene una reglamentación de las manifestaciones públicas, 
introduciendo en el Código Penal severas reformas y nuevos tipos penales 
con la clara finalidad de criminalizar la huelga y la protesta social, 
cuyo contenido nos remite a los períodos más oscuros de nuestra 
historia. El achicamiento del aparato del Estado alentado por el nuevo 
gobierno autodenominado "libertario", se limita a posibilitar que los 
sectores concentrados del poder económico puedan imponer sus condiciones 
y asegurar su rentabilidad empresarial. En cambio, en lo que respecta a 
las libertades de los trabajadores y las trabajadoras, la presencia del 
Estado se engrandece todavía más para facilitar la represión contra la 
resistencia obrera y popular al ajuste.

Modificaciones penales:

El proyecto eleva considerablemente penas previstas en tipos penales 
utilizados generalmente para criminalizar la huelga y la protesta 
social, y crea nuevos tipos penales abiertos para extender aún más la 
acción criminalizadora contra todas las personas relacionadas a actos de 
protesta o de manifestación popular.

Se agrava la pena prevista en el art. 194 del Código Penal para los 
delitos contra la marcha del transporte, pasando de 3 meses a 2 años 
como es en la actualidad, a la pena de 1 año a 3 años y 6 meses de 
prisión. El objetivo de este agravamiento considerable de la pena es 
lograr que los condenados puedan llegar a tener una pena de cumplimiento 
efectivo, para desalentar así el ejercicio de los derechos a la protesta 
social.

También se pena de 2 a 5 años de prisión a quienes dirijan, organicen o 
coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o 
entorpeciera la circulación.

El proyecto considera como organizador o coordinación de una reunión o 
manifestación, a toda persona humana, persona jurídica, reconocida o no, 
o conjunto de ellas que: A. convoque a otras personas a participar de la 
reunión; B. coordine a personas para llevar a cabo la reunión; C. provea 
cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la 
reunión; D. Pase lista, registre las presencias o las ausencias por 
cualquier medio escrito o de grabación de imágenes.

Se trata de un tipo penal abierto orientado a poder criminalizar a 
cualquier persona relacionada con una protesta social, como así también 
a sus organizaciones sindicales, políticas y sociales, intentando 
transformar a los actos de defensa de los derechos y de las necesidades 
de los más necesitados en supuestos delitos.

Finalmente, pena con prisión o reclusión de 3 a 6 años a quiénes 
mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la 
autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de 
asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen 
a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta.

Este último tipo penal sigue una visión estereotipada y estigmatizante, 
que considera que todos aquellos que asisten a una manifestación o 
protesta social lo hacen bajo promesa de obtener beneficios o bajo la 
amenaza de perderlos. Por el contrario, con los recientes anuncios del 
nuevo gobierno bajo la fórmula "El que corta no cobra", puede apreciarse 
efectivamente la utilización de amenazas para quienes quieran asistir a 
una marcha o protesta no lo hagan por temor de perder beneficios 
sociales, realizando el propio gobierno lo que se describe en el nuevo 
tipo penal.

La profundidad y amplitud de los nuevos tipos penales que busca 
introducir esta reforma, no solo apuntan a criminalizar e impedir el 
ejercicio efectivo de los derechos de huelga y de protesta social, sino 
que alcanzan a la actividad sindical, política y social en su conjunto.

Reglamentación de las reuniones y manifestaciones:

El proyecto reglamenta el derecho de reunión y de manifestación, 
haciendo al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación en la 
materia. La inclusión de esta reglamentación dentro del capítulo 
dedicado a la "Seguridad Interior" y el hecho de que la autoridad de 
aplicación sea el Ministerio de Seguridad, denota la posición 
estigmatizante y criminalizadora del proyecto respecto de quienes se 
manifiestan y reclaman por sus derechos.

Define como "reunión" o "manifestación" a la congregación intencional y 
temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito 
del ejercicio de los derechos aludidos en la presente. Es decir que a 
partir de la congregación de tres personas en el espacio público se 
considera a la misma como una reunión o manifestación resultándoles 
aplicables la reglamentación. La escasa cantidad de personas a la cual 
le resultaría aplicable la reglamentación demuestra que su finalidad no 
es hacer compatible la protesta con otros derechos, como puede ser el de 
poder circular en la vía pública, dado que una cantidad tan pequeña de 
personas en ningún caso puede implicar un impedimento a la circulación, 
no siendo necesario aplicar ninguna regulación en esos casos. La 
verdadera finalidad es brindar al aparato represivo del Estado de una 
normativa destinada a impedir el ejercicio de las libertades más básicas 
de cualquier persona, implementando una regulación del espacio pública 
similar a la de las dictaduras militares y un virtual estado de sitio en 
lo que respecta a las manifestaciones y concentraciones. Es paradójico 
que estas disposiciones estén contenidas en un proyecto de ley que lleva 
como nombre: "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los 
Argentinos", lo que demuestra que la misma se refiere a la libertad de 
unos pocos.

La reglamentación establece que toda reunión o manifestación deberá ser 
notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, 
con una antelación no menor de 48 horas. En dicha notificación deberán 
detallar las características de la manifestación, los datos de la 
persona humana o jurídica que la organiza detallando nombres propios y 
datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, 
independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; 
el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y 
cantidad estimada de convocados.

Si tomamos en consideración que esta normativa alcanza a reuniones 
conformadas por tres personas, esta obligación de notificar previamente 
su realización al Ministerio de Seguridad, importa el ejercicio de un 
control agobiante, innecesario y limitador de las libertades más 
elementales de las personas, por parte de un verdadero Estado Policíaco 
que coloca a la seguridad y al control estricto de la población como sus 
objetivos primordiales.

Establece incluso que las manifestaciones espontáneas deben notificarse 
con la mayor antelación posible, lo cual resulta un absurdo que escapa 
al menor sentido de lo racional y una obligación de objeto imposible por 
ser justamente manifestaciones "espontáneas". Se trata de un requisito 
que busca encontrar una excusa para criminalizar estas manifestaciones.

Dispone que el Ministerio de Seguridad podrá oponerse a la realización 
de la reunión o manifestación por razones de seguridad, pudiendo también 
proponer otra fecha, horario o lugar para su realización.

Finalmente, establece que en las reuniones o manifestaciones que no 
cumplan con la reglamentación, el Ministerio de Seguridad intimará a los 
organizadores a que se adecúen a la misma, bajo pena de multas y 
sanciones. Hace también a los organizadores de las reuniones o 
manifestaciones, solidariamente responsables por los daños que los 
manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o 
privado, en razón de la reunión o manifestación.

Es una reglamentación claramente destinada a criminalizar la huelga y la 
protesta social, imponiendo restricciones abusivas, arbitrarias y de 
imposible cumplimiento, con el claro fin de impedir el ejercicio de esos 
derechos.

REFORMAS EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO:

Régimen de Empleo Público Nacional:

Se introducen modificaciones al régimen legal del Empleo Público 
Nacional previsto en la ley 25.164 (LEP). Muchas de estas reformas 
apuntan a regular las consecuencias sobre aquellos trabajadores y 
trabajadoras de planta permanente que se verán afectados por los 
despidos y por la modificación de la estructura del Estado Nacional, 
como consecuencia de la eliminación o supresión de organismos dentro de 
la Administración Pública Nacional.

Dentro de ese marco, se puede apreciar que las modificaciones al régimen 
legal del empleo público nacional están orientadas a intentar regular el 
traspaso de esos trabajadores y trabajadoras estatales afectados al 
ámbito del empleo privado o a lo que el proyecto denomina "autoempleo", 
pero sin que pueda observarse que esa finalidad pueda ser realmente 
lograda y que los nuevos empleos privados que puedan llegar a obtener 
mantengan el mismo nivel de ingreso salarial que tenían.

El proyecto establece el pase automático a disponibilidad por un plazo 
máximo de 12 meses de todos los trabajadores y las trabajadoras de 
planta permanente cuyos cargos hayan sido eliminados por medidas de 
reestructuración, eliminando de este modo el procedimiento de 
reubicación en cargos vacantes y reconversión laboral como se contempla 
actualmente.

En consonancia con esa modificación, el proyecto crea un "Fondo de 
Reconversión Laboral" a través de un fideicomiso financiado en el 
presupuesto nacional, cuyo objetivo es abonar las remuneraciones de los 
trabajadores y las trabajadoras que hayan pasado a disponibilidad, como 
así también la de abonar a esos trabajadores y trabajadoras las 
indemnizaciones para el caso en que no hayan formalizado una nueva 
relación de trabajo una vez finalizado el período de disponibilidad. 
Para poder percibir tales remuneraciones, los trabajadores y las 
trabajadoras deberán aceptar la capacitación que imparta el Estado en 
programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, y/o también 
desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

La referida capacitación en lo que el proyecto denomina programas de 
"autoempleo" o "formas asociativas solidarias", no es otra cosa que una 
capacitación para que el trabajador y la trabajadora puedan ellos mismos 
afrontar con sus propios recursos la situación de desempleo en la cual 
pronto se encontrarán, sin que existan garantías concretas de que puedan 
mantener los niveles de ingreso que tenían antes del despido o si quiera 
de poder subsistir luego de la desvinculación. Asimismo, la obligación 
de tener que prestar tareas en servicios tercerizados del Estado, 
implica de por sí un nuevo paradigma, pasando de la protección legal del 
trabajador y la trabajadora contra la tercerización laboral a la 
obligatoriedad legal de tener que aceptar esa forma de precarización 
laboral.

El proyecto elimina el párrafo que establece que los agentes que se 
encuentren en licencia por enfermedad o accidente, por embarazo o por 
matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser 
puestos en situación de disponibilidad. Con lo cual, esta eliminación 
estaría indicando que estos trabajadores y trabajadoras podrían ser 
puestos en situación de disponibilidad.

Por otro lado, si bien el proyecto mantiene la cláusula que establece 
que los delegados del personal con mandato vigente o dentro del período 
de tutela de un año no pueden ser puestos en situación de 
disponibilidad, se elimina la cláusula que establece que en el caso de 
supresión del organismo los mismos deberán ser afectados a otro, dentro 
de la misma jurisdicción y zona de actuación. Esta eliminación genera un 
vacío legal respecto de la situación de estos delegados y delegadas 
gremiales, que puede servir para que el Estado empleador pueda efectuar 
abusos y tomar medidas antisindicales.

El proyecto establece que, durante el período de disponibilidad, los 
trabajadores y las trabajadoras afectados tienen las siguientes 
opciones: 1) aceptar cubrir una vacante en la Administración Pública 
Nacional, en caso que la hubiera y cumplieren los requisitos para ello; 
2) ser contratados si fueran requeridos por empleadores privados dentro 
de los beneficios que se establezcan a esos fines; o 3) formalizar otro 
vínculo laboral por sus propios medios.

En lo que respecta a la posibilidad de ser contratados por empleadores 
privados dentro de los beneficios que se establezcan, el proyecto 
anuncia la creación de un régimen de promoción "para la reinserción 
laboral privada de agentes públicos", pero la única referencia concreta 
a ese régimen es la posibilidad de que la autoridad de aplicación en 
materia de empleo público nacional pueda eximir de cargas sociales por 
un lapso de tiempo acotado a aquellos empleadores privados que contraten 
trabajadores y trabajadoras estatales en situación de disponibilidad. Es 
decir que el proyecto anuncia la creación de un régimen cuyo contenido 
no regula y que consistiría en una posible eximición de cargas sociales 
a decisión de la autoridad de aplicación.

Si se cumple el plazo del periodo de disponibilidad de 12 meses sin que 
se hubiera formalizado una nueva relación laboral, los trabajadores y 
trabajadoras afectados quedarán automáticamente desvinculados del sector 
público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización que será 
financiada por el Fondo de Reconversión Laboral, igual a un mes de 
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.

De los términos del proyecto se puede interpretar que aquellos 
trabajadores y trabajadoras en disponibilidad que formalicen dentro de 
ese período una nueva relación laboral en el sector privado, estarían 
privados de la indemnización allí prevista, pese a haber finalizado su 
relación de empleo con el Estado Nacional y sin que se haya producido 
una justa causa de despido.

El proyecto llega al colmo del abuso al facultar al Poder Ejecutivo 
Nacional a establecer pautas para la devolución proporcional de la 
indemnización antes mencionada, en aquellos casos en que los 
trabajadores y las trabajadoras reingresaran al sector público nacional 
antes de los cinco años de su efectiva desvinculación. No resulta 
necesario abundar en el hecho evidente de que un futuro reingreso al 
sector público, no importa una reparación de los perjuicios ocasionados 
por el despido arbitrario, lo que no explica el deber del trabajador y 
de la trabajadora de tener que devolver la indemnización que les fue 
abonadas por haber sido despedidos sin justa causa.

Por otro lado, el proyecto elimina la necesidad del consentimiento 
expreso del trabajador y de la trabajadora para que puedan ser 
movilizados geográficamente a otras dependencias. Esta modificación 
permitiría los traslados compulsivos de los mismos.

Asimismo, se reducen los días de inasistencia injustificada y el número 
de calificaciones insuficientes para poder cesantear trabajadores y 
trabajadoras. Se pasa de 10 inasistencia injustificadas discontinuas en 
el año a 5, y de 5 inasistencia injustificadas continuas a 3. En cuanto 
a las calificaciones insuficientes para poder ser cesanteado, se pasan 
de 3 calificaciones continuas a 2, y de 4 calificaciones alternadas en 
los últimos 10 servicios a 3.

El proyecto duplica el plazo de prescripción para aplicar sanciones. 
Para aplicar un apercibimiento o suspensión la eleva a 1 año el plazo de 
prescripción desde la comisión de la falta, cuando actualmente es de 6 
meses. Para la cesantía se eleva el plazo de prescripción a 2 años, 
cuando actualmente es de 1 año. En cuanto a la exoneración, eleva el 
plazo de prescripción a 4 años, cuando actualmente es de 2 años.

El proyecto elimina la posibilidad de que los convenios colectivos de 
trabajo deban prever los mecanismos de participación y de control de las 
asociaciones sindicales en los procesos de selección para cubrir cargos 
vacantes.

Se incorpora un nuevo artículo que prohíbe a los trabajadores y a las 
trabajadoras: "Dedicar sus horas laborales del servicio público a hacer 
cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o 
partidarias". La amplitud de este inciso puede llegar a entenderse 
comprendidas también a las elecciones sindicales, como puede ser la 
elección de delegados y delegadas, por lo que puede ser limitativo de la 
actividad sindical en los lugares de trabajo.

Se puede observar que las principales modificaciones que se pretenden 
introducir al régimen legal de empleo público nacional, están 
focalizadas en regular las consecuencias para aquellos trabajadores y 
trabajadoras de planta permanente que sean desvinculados como 
consecuencia de las medidas de reestructuración y/o eliminación de 
organismos dentro de la Administración Pública Nacional, con la evidente 
finalidad de facilitar ese proceso y reducir los niveles de protección 
de esos trabajadores y trabajadoras, aparentando introducir reformas 
destinadas a posibilitar inserción dentro del empleo privado, pero cuyas 
garantías de que así suceda no se encuentran de ninguna forma aseguradas.

También se introducen reformas tendientes a facilitar la aplicación de 
cesantías y demás sanciones, como así también a reducir la participación 
sindical en los procesos de selección de vacantes y limitar la actividad 
sindical en los lugares de trabajo.

Régimen de convenios colectivos de trabajo del sector público nacional:

El proyecto de ley introduce modificaciones a la ley 24.185 que regula 
el régimen de negociación colectiva en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional, con un claro perfil destinado a desfinanciar a las 
organizaciones sindicales del sector y desalentar el ejercicio del 
derecho de huelga.

En primer lugar, el proyecto establece que las cuotas de solidaridad que 
se acuerden en los convenios colectivos de trabajo a favor de las 
asociaciones sindicales participantes de la negociación, tendrán validez 
sólo para los trabajadores y las trabajadoras afiliados a esas 
asociaciones sindicales. En el caso de los trabajadores y las 
trabajadoras no afiliadas, el proyecto establece que en estos casos se 
requerirá autorización expresa de los mismos para que se le efectúen los 
descuentos.

En la actualidad las cláusulas que establecen cuotas de solidaridad son 
válidas tanto para afiliados como no afiliados, bastando que se 
encuentren dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo de 
trabajo y gocen así de los beneficios allí previstos. La justificación 
de ello radica en que los no afiliados también se benefician con el 
convenio colectivo de trabajo, por lo que resultaría justo que 
contribuyan económicamente con la asociación sindical que lo negoció.

El proyecto introduce un nuevo artículo que establece: "Será obligatorio 
el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el 
empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga". Lo llamativo 
de esta nueva disposición es que imponga a la patronal la "obligación" 
de descontar los salarios correspondientes a los días de huelga. Esta 
obligatoriedad imposibilitaría que en el marco de un conflicto colectivo 
las partes puedan acordar el reconocimiento del pago de los salarios 
durante los días de huelga. Nuevamente el objetivo es desalentar que los 
trabajadores y las trabajadoras hagan uso de su derecho de recurrir a la 
huelga.

REFORMAS EN MATERIA PREVISIONAL:

El proyecto contiene un nuevo ajuste a los jubilados y las jubiladas con 
el objetivo de obtener la reducción del déficit fiscal a costa de estos 
últimos, transfiriendo recursos destinados al pago de jubilaciones y 
pensiones con destino al tesoro nacional para atender a las deudas del 
Estado con los acreedores externos.

En primer lugar, el proyecto suspende el régimen de movilidad 
jubilatoria actualmente vigente, práctica que se viene haciendo hace 
años cada vez que asume un nuevo gobierno. De esta manera, cada gobierno 
que asume suspende y/o modifica la fórmula de movilidad existente en un 
sentido más perjudicial para los jubilados y las jubiladas.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer por decreto una 
nueva fórmula de movilidad que tenga criterios de "equidad y 
sustentabilidad económica". El hecho de que la fórmula de movilidad deba 
seguir criterios de sustentabilidad económica, demuestra que el objetivo 
no es asegurar jubilaciones y pensiones que permitan como mínimo cubrir 
todas las necesidades esenciales de un jubilado y una jubilada, sino 
pagar jubilaciones y pensiones que se ajusten a los niveles de ingresos 
de la recaudación del Estado, haciendo pagar a los mismos las 
consecuencias de una crisis económica de la cual no tienen ninguna 
responsabilidad.

Mientras tanto el Poder Ejecutivo no haya definido la nueva fórmula de 
movilidad, el proyecto lo faculta a fijar por decreto aumentos 
periódicos que deberán atender prioritariamente a los beneficiarios de 
más bajos ingresos. De esta manera, se le permite al gobierno a dar 
aumentos cuándo y por el monto que quiera, sin tener que seguir ninguna 
pauta concreta, lo que significa una vía libre para seguir aplicando el 
ajuste a los jubilados y a las jubiladas.

Por otro lado, el proyecto establece la transferencia total de los 
activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional, 
activos que podrán ser utilizados para atender las deudas del Estado 
Nacional con sus acreedores. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue 
creado como una garantía de financiamiento al régimen de jubilaciones y 
pensiones, para el caso de que el mismo padezca alguna situación de 
falta de recursos para el pago de las jubilaciones y pensiones. 
Literalmente el proyecto está destruyendo este fondo para utilizarlo 
para pagar las deudas del Estado con recursos que son de los jubilados y 
las jubiladas.

Estas reformas en materia previsional tienen por finalidad alcanzar el 
equilibrio fiscal impuesto por las políticas del FMI, reduciendo todavía 
más las prestaciones de los jubilados y las jubiladas, como así también 
utilizando los fondos pertenecientes a estos últimos.

CONCLUSIONES:

El proyecto de ley conocido como "Ley Ómnibus" contiene una amplia, 
variada y masiva delegación de facultades legislativas en favor del 
Poder Ejecutivo Nacional, al punto tal de importar una concentración del 
poder en cabeza del ejecutivo, para poder implementar sin dificultades 
ni demoras las medidas de ajuste feroz contra el conjunto de los 
trabajadores y las trabajadoras.

Las reformas que introduce sobre la legislación aplicable a la materia 
laboral y previsional, están destinadas a criminalizar la huelga y la 
protesta social a niveles tales que vulneran las libertades más básicas 
de cualquier persona. También las modificaciones al régimen de empleo 
público nacional se orientan a posibilitar los despidos dentro de la 
Administración Pública Nacional y desalentar el ejercicio del derecho de 
huelga. Finalmente, las reformas al régimen previsional apuntan a 
ajustar todavía más los ingresos de jubilados y jubiladas, destinando 
fondos del sistema previsional para pagar las deudas del Estado con sus 
acreedores.

Estas reformas legislativas se insertan dentro del marco de mayor 
ajuste, desregulación y achicamiento del Estado en materia de empleo y 
acción social, en un contexto de grave crisis económica, crecimiento de 
la pobreza y pérdida estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios y 
de los ingresos de los sectores más vulnerables. El proyecto se orienta 
a endurecer y ampliar el aparato represivo del Estado de forma 
inversamente proporcional a la que se reduce en materia económica y 
social, para intentar hacer frente así al crecimiento del conflicto y de 
la protesta social que inevitablemente despertará las políticas de 
ajuste que se continúan implementando.

La mano (no tan invisible) del Mercado, viene acompañada de la mano dura 
del Estado para lograr alcanzar la plena libertad para los poderosos de 
vivir a costa del pueblo trabajador, sin que estos últimos puedan hacer 
uso de sus armas de lucha como clase. Pero la reacción colectiva frente 
a lo que se percibe como una injusticia social forma parte de la esencia 
humana, quedando en nosotros que trabajadores, jubilados y demás 
sectores populares se organicen en las calles y en los lugares de 
trabajo para frenar el ajuste y conquistar mejores condiciones de vida.

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