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(ca) New-Zeland: Licencias Digitales y el Nuevo Panóptico: La Transición a las Identificaciones en Smartphones en Aotearoa (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]
Date
Wed, 8 Oct 2025 08:58:45 +0300
El 23 de agosto de 2025, el Gobierno de Nueva Zelanda anunció que
legislaría para permitir que las licencias de conducir, los Certificados
de Aptitud Física (WoF) y los certificados de aptitud física se lleven
digitalmente en los smartphones. Por primera vez, los conductores ya no
estarán obligados legalmente a llevar consigo una licencia física al
conducir. El Primer Ministro Christopher Luxon elogió el cambio como
"una decisión de sentido común", mientras que el Ministro de Transporte
Chris Bishop celebró la posición de Nueva Zelanda como pionero mundial,
presumiendo que este país sería uno de los primeros del mundo en adoptar
la licencia totalmente digital.
A primera vista, esto parece una modernización inofensiva: una reforma
diseñada para facilitar la vida de las personas al reducir la
dependencia de las tarjetas de plástico y los certificados en papel. Se
presenta como una actualización que refleja la ubicuidad de los
smartphones, el auge de las billeteras digitales y la creciente
impaciencia de una sociedad acostumbrada a los servicios instantáneos.
Sin embargo, como ocurre con muchas reformas disfrazadas de eficiencia y
conveniencia, hay mucho más en juego. La digitalización de licencias y
WoF no es un avance neutral, sino una extensión calculada de la
vigilancia, la exclusión y el control estatal bajo el pretexto de la
modernización.
Las licencias digitales forman parte de un proyecto más amplio que
normaliza la vigilancia, profundiza la desigualdad e incrusta aún más la
dominación capitalista y estatista en la vida cotidiana. El aparente
"progreso" en el ámbito de la gobernanza digital debe verse con recelo.
La retórica de la conveniencia: eficiencia que enmascara el control
La principal justificación del Estado para introducir licencias
digitales reside en la conveniencia. Los ministros hablan de simplificar
la vida, alinear a Nueva Zelanda con otros países tecnológicamente
avanzados y ahorrarles a los ciudadanos la supuesta molestia de llevar
tarjetas físicas. Sin embargo, la conveniencia ha sido durante mucho
tiempo un pretexto retórico para políticas que, de hecho, aumentan la
supervisión estatal.
Llevar una tarjeta de plástico puede ser ligeramente incómodo, pero
otorga cierta independencia. Una licencia física existe en tu billetera,
fuera del control de cualquier red, aplicación o base de datos. Es
vulnerable a pérdidas o robos, pero también es tangible e independiente.
Sin embargo, una licencia digital nunca es completamente tuya. Reside en
una aplicación diseñada por el Estado en colaboración con contratistas
privados, vinculada a bases de datos que escapan a tu control. Cada vez
que se accede o se presenta, se puede generar, almacenar y,
potencialmente, cruzar un registro con otra información sobre ti.
Debemos desconfiar de las reformas que aumentan la visibilidad de las
personas ante el Estado. Como nos recuerda el análisis del panóptico de
Michel Foucault, la vigilancia no necesita ser continua para ser
efectiva. Saber que alguien puede ser vigilado en cualquier momento
basta para regular el comportamiento. Al migrar las licencias y las
palabras de fe a sistemas digitales, el Estado amplía su capacidad de
vigilancia, registro y, en última instancia, disciplina.
Vigilancia en la era digital
Los peligros de los sistemas de identidad digital no son especulativos.
En todo el mundo, vemos cómo las bases de datos centralizadas y las
credenciales digitales se convierten en herramientas del autoritarismo.
En India, el sistema de identificación biométrica Aadhaar se ha
utilizado para denegar asistencia social a quienes no superan el escaneo
de huellas dactilares, mientras que en China, las identificaciones
digitales se integran a la perfección en el sistema más amplio de
"crédito social" que castiga la disidencia y recompensa la conformidad.
Nueva Zelanda no es inmune a estas dinámicas. Una vez construida la
infraestructura para las licencias digitales, resulta relativamente
sencillo integrarla con otros sistemas estatales: registros de
prestaciones, registros de votantes e incluso datos de salud. Lo que
comienza como una "licencia de conducir en el teléfono" puede
evolucionar a una identificación digital integral. Esta es la lógica de
la expansión del alcance, en la que las tecnologías introducidas con
fines limitados se expanden a ámbitos de control más amplios.
Los defensores argumentan que los sistemas digitales aumentan la
seguridad, pero ¿seguridad para quién? Para el Estado, los registros
digitales crean rastros de evidencia más fiables, más oportunidades para
verificar el cumplimiento y más formas de castigar el incumplimiento.
Para los ciudadanos, sin embargo, significan menos privacidad, menos
autonomía y una sensación cada vez más profunda de que sus movimientos y
actividades quedan registrados permanentemente.
La brecha digital y la exclusión estructural
Otro aspecto que se pasa por alto en la retórica triunfalista del
Gobierno es la cuestión del acceso. Las licencias digitales presuponen
que cada ciudadano posee y puede operar un teléfono inteligente capaz de
ejecutar aplicaciones gubernamentales. Sin embargo, esto dista mucho de
ser cierto.
Las familias de bajos ingresos, las personas mayores, las comunidades
rurales maoríes y de las islas del Pacífico, y quienes simplemente no
pueden permitirse la actualización constante de sus dispositivos, corren
el riesgo de ser excluidos. Si bien el Gobierno insiste en que las
licencias digitales serán una opción, la realidad, debido a las
expectativas sociales y la inercia burocrática, es que las licencias
físicas pronto quedarán relegadas. Una vez que la policía, las agencias
de alquiler o incluso los clubes nocturnos...
Una vez que la policía, las agencias de alquiler o incluso los clubes
nocturnos se acostumbren a verificar las credenciales digitales, quienes
no las tengan se verán marginados, considerados atrasados o incluso
sospechosos.
Desde una perspectiva anarcocomunista, esto revela la naturaleza
clasista de las reformas digitales. Las tecnologías que se presentan
como beneficiosas para todos a menudo refuerzan las desigualdades
existentes. Los ricos, conectados y expertos en tecnología obtienen
mayor comodidad, mientras que los marginados se ven obligados a asumir
nuevas capas de exclusión. Esto refleja la lógica del propio
capitalismo: reformas que parecen progresistas en la superficie ocultan
su verdadera función de estratificar la sociedad y consolidar las
jerarquías.
Captura corporativa y la mercantilización de la identidad
Ningún sistema digital opera de forma aislada del capitalismo. El
desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura para las licencias
de teléfonos inteligentes inevitablemente involucrarán a contratistas
privados, proveedores de la nube y diseñadores de aplicaciones. El
Estado presenta la implementación como un acto neutral de gobernanza,
pero en realidad es otra transferencia de la dependencia pública al
capital privado.
Las corporaciones se benefician de dos maneras. Primero, a través de
contratos directos para el diseño y mantenimiento de los sistemas. En
segundo lugar, y de forma más insidiosa, a través de la monetización de
datos. Una vez digitalizadas las identidades de las personas, la
tentación de vincularlas con el comportamiento del consumidor, las
transacciones financieras y la actividad en redes sociales se vuelve
inmensa. Incluso si el gobierno de Nueva Zelanda jura proteger los
datos, sabemos por innumerables ejemplos internacionales que la
privatización sigilosa no tardará en llegar.
La mercantilización de la identidad, donde nuestra propia capacidad de
movernos, conducir o demostrar quiénes somos se convierte en una fuente
de lucro, contradice totalmente los principios anarcocomunistas. La
identidad debería ser un recurso común, depositado en confianza por las
comunidades, no un producto gestionado por los estados y explotado por
las corporaciones.
Fragilidad y dependencia
Quienes defienden las licencias digitales suelen argumentar que son "más
seguras" que las tarjetas físicas. Sin embargo, esto pasa por alto la
fragilidad de los sistemas digitales. Los teléfonos inteligentes se
quedan sin batería, las aplicaciones fallan, los servidores se
desconectan y los sistemas pueden ser hackeados. Una tarjeta de plástico
no depende del wifi, la cobertura 4G ni de la última actualización del
sistema operativo.
La dependencia digital no es resiliencia, sino vulnerabilidad. Al
vincular credenciales esenciales a dispositivos y redes, el Estado
aumenta la dependencia de los ciudadanos de infraestructuras frágiles
que pueden fallar, y de hecho fallan. Esta fragilidad suele minimizarse
en la prisa por modernizarse, pero será el público quien cargue con el
coste cuando se produzcan interrupciones o ciberataques.
La resiliencia reside en la descentralización, no en sistemas
centralizados frágiles. Una licencia física, por imperfecta que sea,
encarna un tipo de autonomía que los sistemas digitales no pueden replicar.
El mito del liderazgo tecnológico
El ministro Bishop se jactó de que Nueva Zelanda sería uno de los
primeros países del mundo en implementar un sistema de este tipo. Este
orgullo por ser pionero es revelador. El Estado presenta la aceleración
tecnológica como inherentemente virtuosa, como si ser el primero
confiriera superioridad moral. Sin embargo, ser el primero en adoptar
una tecnología defectuosa o autoritaria no es un triunfo, sino un peligro.
La arrogancia tecnológica lleva a los gobiernos a adoptar sistemas antes
de comprender plenamente sus riesgos. Para cuando surgen las
consecuencias negativas, el sistema ya está arraigado y revertirlo se
vuelve política y técnicamente difícil. Esta es la dependencia de la
gobernanza digital: una vez que la sociedad se ve atrapada en una
infraestructura, se vuelve casi imposible salirse.
En lugar de apresurarse a ser pioneros, una política genuinamente
emancipadora se preguntaría si estos sistemas son realmente necesarios y
si realmente mejoran la libertad humana.
Hacia alternativas: Identidad centrada en la comunidad
Si la sociedad requiere sistemas de identidad y rendición de cuentas,
estos deben construirse desde cero de manera que protejan la autonomía
en lugar de erosionarla. Las credenciales emitidas por la comunidad,
supervisadas por colectivos locales en lugar de estados centralizados,
ofrecen una posibilidad. Dichos sistemas pueden ser físicos o digitales,
pero deben seguir siendo de código abierto, transparentes y no
mercantilizados. En lugar de ser gestionados por corporaciones, la
identidad podría tratarse como un bien común, propiedad y gobernado
colectivamente.
Igualmente, las comunidades podrían experimentar con métodos no
identitarios de rendición de cuentas. En lugar de demostrar la identidad
mediante documentos, las personas podrían ser reconocidas mediante
relaciones de confianza, responsabilidad mutua y rendición de cuentas
local. Estas medidas pueden parecer poco prácticas en el contexto de los
estados-nación modernos, pero nos recuerdan que los sistemas
burocráticos de identidad no son naturales ni eternos. Son
construcciones históricas que pueden resistirse, desmantelarse o
reemplazarse.
Resistencia y praxis
¿Cómo deberían, entonces, responder los anarcocomunistas a la
implementación de las licencias digitales? La resistencia debe operar en
múltiples niveles.
En primer lugar, está la labor de educación y movilización, exponiendo
los verdaderos peligros de las identificaciones digitales y cuestionando
la narrativa de la conveniencia.
Esto implica escribir, hablar y organizarse en las comunidades para
garantizar que la gente vea más allá de la retórica superficial del
gobierno.
En segundo lugar, existe la demanda de una verdadera opción: que las
licencias físicas sigan estando disponibles permanentemente, sin
penalizaciones ni estigmas por usarlas. Cualquier intento de eliminar
progresivamente las opciones físicas debe ser rechazado como coerción.
Finalmente, debemos conectar este tema con la lucha más amplia contra el
capitalismo de vigilancia y el poder estatal. Las licencias digitales no
son una reforma aislada, sino parte de un proceso continuo de control
que incluye el reconocimiento facial, los pasaportes biométricos y la
vigilancia algorítmica. Solo vinculando estas luchas podremos organizar
una resistencia efectiva.
La propuesta del Gobierno de permitir que las licencias de conducir y
las palabras de viaje se almacenen en teléfonos inteligentes se ha
presentado como una modernización pragmática, un paso hacia la comodidad
en un mundo digital. Sin embargo, bajo esta retórica se esconde una
realidad mucho más preocupante. Las licencias digitales profundizan la
vigilancia, refuerzan la desigualdad, transfieren funciones públicas al
capital privado y hacen que los ciudadanos dependan de tecnologías frágiles.
Estos desarrollos no son neutrales. Son extensiones de un sistema más
amplio en el que el Estado y el capital colaboran para regular y
mercantilizar la vida cotidiana. La narrativa de la conveniencia oculta
la erosión de la autonomía, la profundización de la exclusión y el
afianzamiento del poder jerárquico.
Por lo tanto, debemos rechazar que las licencias digitales se presenten
como una reforma de "sentido común". En cambio, deberíamos verlas como
otra frontera en la lucha entre la liberación y el control. Nuestra
tarea no es solo criticar, sino resistir, imaginar alternativas y
construir sistemas arraigados en la comunidad, la autonomía y la ayuda
mutua.
El Estado quiere hacernos creer que el progreso reside en llevar
nuestras identidades en el bolsillo, listas para ser mostradas con solo
pulsar una pantalla. Debemos insistir en que el verdadero progreso
reside en otra parte: en desmantelar el aparato de vigilancia y
construir una sociedad en la que la identidad no sea un arma de control,
sino un recurso compartido de libertad.
https://awsm.nz/digital-licences-and-the-new-panopticon-the-move-to-smartphone-ids-in-aotearoa/
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