A-Infos (ca) Bolivia: La batalla del referendum

[Felipe Bachomo <felipe.bachomo@gmail.com>]

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La Paz, julio 5, 2004.- Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y
el respaldo del líder cocalero Evo Morales, el gobierno del
neoliberal Carlos Mesa ha acudido al Ejército y la Policía para
preservar el referéndum del gas del 18 de julio y así desbaratar el
boicot que organizan los sindicatos y organizaciones sociales y
populares que claman por la nacionalización.

Junto a la Corte Electoral, los ministros y principales colaboradores de
Mesa están diseñando con los militares y policías un detallado plan para
detener a los dirigentes que intenten sabotear la consulta, abrir los
caminos que amenazan con ser bloqueados y garantizar el voto en la región
del Altiplano y los valles, donde se concentra la oposición al
referéndum, consulta cuestionada por "tramposa" porque no incluye la
demanda de la nacionalización del gas y el petróleo.

Los sindicatos y organizaciones campesinas, aglutinadas en torno a la
Central Obrera Boliviana (COB) han llamado a impedir la apertura de los
recintos electorales, a cerrar los caminos, quemar ánforas y
marchar hacia La Paz en un intento por liquidar el "tramparendum"
(referéndum tramposo), y cuyo resultado, ya sea que triunfe el SI o gane
el NO, sólo servirá para legitimar el control total que tienen las
petroleras extranjeras sobre el gas y el petróleo de Bolivia.

SE ORGANIZA EL BOICOT

"El pueblo no tiene miedo. Que Mesa y Evo saquen a sus militares y
policías (...) estaremos listos los trabajadores y el pueblo para
enfrentarlos", dijo el dirigente de la COB, Jaime Solares, tras
conocerse la intención oficial de desbaratar por la fuerza la protesta
popular.

Hasta ahora, los sindicatos y organizaciones populares habían exigido que
Mesa cambie sus cinco preguntas por una sola, referida a si se
nacionalizaban o no los hidrocarburos, demanda que sería respaldada por
más del 80 por ciento de población, tal como muestran las
encuestas más confiables e independientes.

Pero precisamente por ello, y ante la evidencia de que la
nacionalización ganaría ampliamente en la consulta, es que no fue
incluida en el referéndum oficial, que más bien intenta contraponer la
política entreguista y antinacional del ex presidente Gonzalo Sánchez,
derrocado en octubre del 2003, con la política seguida por su
vicepresidente y sucesor, Carlos Mesa, que sin embargo es muy similar por
su alcance y contenido. Ambas políticas favorecen ampliamente a las
transnacionales y dejan en sus manos la totalidad de reservas de gas y
petróleo, valuadas en más de cien mil millones de dólares.

El referéndum de Mesa no toca los contratos de las petroleras ni esas
reservas, posibilitando más bien su libre exportación a los mercados de
Estados Unidos y México. No es casual, por ello, que las petroleras
extranjeras hayan respaldado la consulta, al igual que la Embajada de
Estados Unidos, todos los organismos internacionales y casi todos
partidos neoliberales, además de la Iglesia Católica, los sectores
empresariales y los grandes medios de comunicación.

En el bando contrario, opuestos al referéndum que no cambia nada,
están los sindicatos de obreros y campesinos, los trabajadores de los
diferentes sectores y las clases medias empobrecidas.

En el campo, según las instrucciones del "Mallku" Felipe Quispe, líder de
los campesinos del Altiplano, "se va a declarar el estado de sitio contra
el referéndum tramposo. Ya hay movilizaciones (...) Va a haber bloqueos,
va a haber boicot organizado; en muchos lugares no van a recibir
papeletas, lo van a quemar, en otros lugares no van a
participar", dijo al advertir que los campesinos y comunarios
enfrentarán a los militares. En las regiones del valle cochabambino la
instrucción es similar, según dijo el dirigente campesino Alejo Véliz. El
cierre de recintos electorales y el bloqueo de caminos comenzaría el 16
de julio, dos días antes de la consulta, periodo en el que se realizarán
cabildos, asambleas y marchas hacia la ciudad de La Paz.

En las ciudades también está previsto que tome cuerpo la resistencia y el
desacato civil. En la ciudad de El Alto ya comenzaron los mitines
explicativos de la Central Obrera Regional y se prevé desde el 16 de
julio un paro cívico a cargo de las Juntas vecinales. En La Paz y
Cochabamba, el boicot está cargo de los maestros, fabriles,
desocupados, gremialistas, estudiantes y juntas vecinales. En otras
ciudades menores, la organización del boicot recae sobre las
regionales obreras.

DERECHIZACIÓN DEL MAS

Al igual que en las jornadas insurreccionales de octubre, los
bolivianos se han vuelto a alinear en las mismas trincheras, con la única
excepción del Movimiento Al Socialismo (MAS) del cocalero Evo Morales,
que ha decidido salir en abierta defensa del referéndum,
hecho a medida de las petroleras.

Obsesionado por llegar al poder a cualquier precio, el MAS ha
instruido que los campesinos del valle, los cocaleros y todas las
organizaciones sociales que controlan apoyen el referéndum y marquen por
SI en las tres primeras preguntas y por el NO en las dos últimas. Según
Morales, un apoyo masivo a esta forma de elección permitiría presionar
para que las petroleras paguen de inmediato más impuestos (hasta el 50%),
y no en un periodo de ocho años, como plantea Mesa.

Al igual que Mesa, el MAS de Morales rechaza totalmente la
nacionalización del gas y la expropiación de las petroleras
petroleras, porque creen que ya no es viable en esta época de dominio
imperialista y porque les cerraría toda posibilidad de acceder al
poder en las próximas elecciones del 2007. El MAS se ha derechizado al
extremo de combatir y sabotear las huelgas y manifestaciones de los
trabajadores y sindicatos, lo que le ha generado profundos problemas
internos y el repudio en vastos sectores de trabajadores y clases
medias. Aunque eso le tiene sin cuidado a Morales, que más bien
intenta ganar el favor de las clases medias más acomodadas, de los
empresarios, de la Iglesia y de los organismos internacionales.

Otros que también están listos para combatir a los trabajadores, son los
militares y policías. A ellos, especialmente a los militares, el gobierno
de Mesa ya les ha prometido incorporar un artículo en la
nueva Ley de Hidrocarburos por el que se destina un porcentaje de los
ingresos por la exportación del gas para potenciar a las Fuerzas
Armadas, según declaró el ministro de la Presidencia, José Galindo.

FUENTE: Redacción de Econoticiasbolivia.com




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