A-Infos (ca) Colombia: muerte de las organizaciones sociales

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[Hemos recibido este material de parte de los Amigos 
de la AIT en Colombia, quienes piden darle la máxima difusión.]

Colombia 2003 - 2007 o la muerte de las organizaciones 
sociales y sindicales.

La ruptura de los diálogos entre las FARC y el Gobierno Nacional, 
ocurrida en febrero del 2002, conlleva nuevos escenarios en la 
confrontación armada, donde los acumulados militares de las partes 
se estructuran a partir de varios tipos de accionar. El Gobierno 
asume una nueva estrategia para enfrentar a los grupos armados 
ilegales, contando incluso con los recursos de cooperación 
estadounidense, recursos destinados inicialmente para adelantar 
la política de lucha contra el narcotráfico. Por su parte, las FARC 
desarrollan una táctica de desestabilización de los gobiernos locales
 y departamentales, amenazando y atentando contra Personeros, 
Alcaldes y Gobernadores, -buscando que la institucionalidad se retire
 para así convertirse en el grupo hegemónico. 

Desde mediados de los años 90 los grupos paramilitares y la guerrilla
 se disputan la presencia territorial en varias regiones del país 
consideradas estratégicas como son la Sierra Nevada de Santa Marta,
 Norte de Santander, Arauca, Urabá, Córdoba, Magdalena Medio y 
Putumayo, donde se han presentado graves violaciones a los derechos
 humanos e infracciones al DIH. Nuevas zonas de confrontación se 
presentan en el Eje Cafetero (Norte del Valle, Quindío, Risaralda, 
Caldas y el Sur de Antioquia) Caquetá, Meta y Guaviare, igualmente 
se incrementan las acciones armadas en Cundinamarca. Según los 
datos del Ministerio de Defensa Nacional, son aproximadamente 
32.000 los miembros de las organizaciones subversivas y los miembros
 de las paramilitares que operan actualmente en el país; 16.980 
pertenecen a las FARC, 4.065 al ELN y 10.520 a los grupos 
paramilitares [1].


Algunas estadísticas muestran la gravedad del conflicto armado 
en Colombia: el Informe Anual sobre la Situación de Derechos 
Humanos  del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos 
Humanos, señala que durante el 2001 se presentaron "633 masacres, 
con 3.043 víctimas (...) y fueron desaparecidas forzosamente 735 
personas"[2]. Se informa que entre 1992 y 2001 fueron secuestradas
 20.726 personas, de las cuales el 53% se presume autoría de la 
guerrilla y el 44% de la delincuencia común[3]. De igual manera, son
 los grupos paramilitares los presuntos autores del mayor número 
de homicidios políticos con el 77% en el año 2001[4]. Incluso el 
Ministerio de Defensa señala en su Informe que durante el 2001, tanto 
los grupos subversivos como los paramilitares cometieron masacres.
 El 64.1% (281) de las víctimas murieron en 42 de estos actos violentos ejecutados por los paramilitares mientras que el 35.9% cayeron en 
25 realizados por la subversión [5].  

Según los datos presentados por Amnistía Internacional "Las estadísticas
 de tan sólo el 2001 son alarmantes: (....) más de 300 personas han 
"desaparecido", más de 4.000 civiles han muerto, la mayoría de ellos a 
manos de paramilitares respaldados por el ejército, decenas de miles 
de personas se han visto desplazadas, y más de 1.700 han sido 
secuestradas principalmente por grupos de la guerrilla. La información
 preliminar que ha recabado AI indica que la situación de los derechos
 humanos se está deteriorando en el 2002"[6], más de 60.000 personas 
han sido víctimas del conflicto armado colombiano desde 1985. En la 
actualidad, según el mismo Informe, hay un promedio de 20 muertes por
 día. 
 
De acuerdo con las cifras registradas por el Observatorio de Derechos 
Humanos de la Vicepresidencia de la República, se nota un incremento considerable en las acciones militares de las FARC durante el año 2001,
 sin embargo: "Las acciones propias de la confrontación, como los 
contactos armados que parten de la iniciativa de las Fuerzas Armadas
 para combatir a las organizaciones al margen de la Ley se incrementaron
 de manera notable y en 2001 superaron en número a las acciones que 
parten de la iniciativa de cada uno de los grupos armados ilegales"[7]. 
Podemos concluir de estos informes, que en el año 2001 y parte del 
2002, mientras se desarrollaba una estrategia de diálogo entre el
 Gobierno Nacional y las FARC, se incrementaron considerablemente
 las acciones militares de los supuestos dialogantes, especialmente
 en los momentos de mayor crisis del proceso de dialogo, lo que 
constata la poca seriedad de las partes en la búsqueda de una salida
 política y negociada al conflicto social y armado que vive el país.

Sin embargo, debe registrarse como un hecho importante del año 
2001, fruto de los diálogos Gobierno-FARC, la liberación de 373 
militares y combatientes privados de la libertad por ambas partes.
 Este hecho puede ser considerado el acumulado humanitario más
 importante del proceso de dialogo entre el Gobierno y las FARC. 
Igualmente son de destacar los logros humanitarios con el ELN, 
como la entrega de policías, soldados y civiles secuestrados. Las 
aproximaciones entre el Gobierno de Andrés Pastrana y el Ejercito 
de Liberación Nacional - ELN - tuvieron varios momentos: 
Conversaciones en Caracas; Encuentro en Ginebra, Suiza; 
Conversaciones en la Habana, Cuba; Firma del primer Acuerdo para
 la Zona de Encuentro; Ruptura del proceso; Seminarios en Estocolmo, 
Suecia y Ginebra, Suiza; nuevas conversaciones en la Habana, Cuba; 
Firma del Acuerdo por Colombia; Cumbre de Paz; Agenda de 
Transición y ruptura definitiva[8].  

El Presidente Uribe Vélez ha declarado el Estado de Conmoción
 Interior y a su amparo emitió una serie de Decretos que le permiten
 al Gobierno ejecutar estrategias excepcionales de "seguridad 
democrática", entre otros medios, creando las Zonas de Rehabilitación
 y Consolidación; inicialmente en municipios de los departamentos
 de Sucre, Arauca y Bolívar. Igualmente puso en marcha el impuesto
 para la "seguridad democrática". Estas  estrategias buscan aumentar
 la capacidad operacional de la Fuerza Pública en las regiones 
consideradas de alto riesgo y aumentar las finanzas que garanticen 
la continuidad de estas acciones. Ya se han escuchado las denuncias
 de las organizaciones de derechos humanos sobre los abusos y 
violaciones a los derechos y libertades de los habitantes de esas 
regiones donde se implementa dichas políticas. 

Una reciente investigación concluye que la percepción de las 
acciones de los grupos armados ilegales son interpretadas por la
 mayoría de los medios de comunicación como acciones terroristas,
 y que las posibilidades de la negociación política, en la opinión
 pública en general, son vistas como una debilidad del Estado 
frente a estos grupos. Esta tendencia de los medios de comunicación
 hace más difícil la búsqueda de salidas políticas negociadas y han
 generado una opinión pública convencida que la única salida a la 
actual situación es la guerra total, como la planteada por el 
presidente Uribe.

La posibilidad del Canje Humanitario, impulsado por diversos 
sectores de la sociedad civil colombiana y el Congreso de la República; 
los llamados diálogos regionales, realizados con la autorización expresa
 del Gobierno Nacional;  la solicitud de "buenos oficios" o "mediación" 
realizada por el Presidente Uribe Vélez a las Naciones Unidas; los 
acercamientos exploratorios del Gobierno con los jefes paramilitares
 para iniciar un proceso de paz, en fin, todas estas expectativas
 representan un horizonte muy difuso que no permite ver el camino 
hacia la paz.

Como si fuera poco, el Gobierno Nacional ha decretado un aumento 
del salario mínimo del 7.1% en un acto de profundo cinismo,  que 
traerá como consecuencia el aumento en la  pauperización de las 
condiciones de vida de los trabajadores del país. Las políticas 
descaradamente neoliberales impulsadas sin ninguna consideración
 por el Gobierno del presidente Uribe prevé despedir a 20.000 
trabajadores estatales y congelar los salarios de los que tengan la
 "suerte" de no ser despedidos.

Los líderes de organizaciones sociales y sindicales siguen siendo 
asesinados, amenazados, desplazados o exiliados, tanto por las 
organizaciones insurgentes como por los grupos paramilitares que
 en su desenfreno guerrerita han tomado a la población civil como 
principal blanco de sus acciones. Solamente entre junio del 2001 y
 Diciembre del 2002 han sido asesinados 194 lideres sindicales. Las
 políticas de "seguridad democrática" impulsadas por el actual 
gobierno han entregado amplias zonas del país a la acción desenfrenada
 de las fuerzas armadas, creándoles un status especial que es la más
 grave evidencia de la impunidad  respecto a las acciones denunciadas
 por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos
 sobre los crímenes cometidos por la fuerza pública. Los allanamientos
 contra las sedes de las organizaciones de derechos humanos y de paz,
 organizaciones sociales y sindicales se ha incrementado en estos meses
  de la "Era Uribe". Se ha detenido a miembros de estas organizaciones
 acusándolos de ser auxiliares de los grupos insurgentes. 

Uribe pretende acabar con cualquier tipo de oposición, en este sentido,
 decenas de líderes sociales, incluso miembros del colectivo de Amigos 
de la AIT han recibido amenazas telefónicas en su casas y lugares de 
trabajo y han denunciado que están siendo objeto de seguimientos. 
Este panorama hace prever que decenas de líderes de organizaciones 
sociales serán asesinados o llevados al exilio.

El panorama económico es un más alarmante, la nueva reforma fiscal 
aprobada por el Congreso en diciembre del 2002 incrementa de 
manera incomprensible la carga fiscal, especialmente a trabajadores 
y pequeños empresarios, crea el IVA (Impuesto de Valor Agregado)
 del 7% a productos básicos de la canasta familiar, los combustibles
 han sufrido alzas mensuales, los costos de los servicios públicos se 
han incrementado hasta el 30% afectado a los estratos de la 
población más pobre, el transporte aumento el 15% y se consolida 
el proceso de monopolio del transporte por parte de las empresas 
privadas, especialmente en Bogotá, con la ampliación del llamado 
Sistema Transmilenio que consiste en privatizar las principales vías 
públicas para el desplazamiento exclusivo de los vehículos de una 
compañía privada, los beneficios se quedan el las arcas de la empresa,
 pero los impuestos de los ciudadanos son los que pagan el 
mantenimiento y los costos de la red vial para que el Sistema funcione.

Muchos estudios muestran también los altos costos económicos de 
la guerra, el impacto se calcula en el 10% y el 15% del Producto 
Interno Bruto - PIB - anual si no hay proceso de negociación política
 y en $4.0% anual se inicia en la actual administración un proceso 
de negociación  y se llega a unos acuerdos  paz antes del 2005[9].

Los nuevos impuestos de la "Era Uribe" van destinados a la guerra,
 más de 800 millones de dólares han sido donados en el año 2002
 por el gobierno estadounidense para adelantar su propia guerra 
en territorio colombiano. Un helicóptero Black Hawk cuesta 3 
millones de dólares, es decir, 9000 millones de pesos colombianos,
 el Gobierno ha comprado 12 de estos aparatos, solo con este dinero,
 sin contar los otros gastos militares, se podría dar solución definitiva
 a los más de 3 millones de personas desplazadas por la violencia 
que deambulan por el país.

Mas del 40% del presupuesto nacional se  destina al pago del servicio
 de la deuda externa en detrimento del dinero que debe ser destinado
 a educación, salud, deporte, empleo, vivienda etc. El 62% de los 46
 millones de colombianos viven en la pobreza y unos seis millones se 
debaten entre la miseria y la indigencia.

Los Amigos de la AIT - Colombia hemos impulsado desde hace años
 la Campaña Colombiana Contra los Gastos Militares "Desarma tus
 Impuestos y Hagamos Cuentas", logrando en este año crear un 
plataforma amplia de organizaciones sociales que estamos promoviendo
 el no pago de impuestos destinado a fines bélicos, habiéndose acordado 
al respecto una Declaración de Adhesión que lanzaremos a nivel nacional
 el próximo 7 de febrero de 2003:

AMIGOS DE LA AIT - COLOMBIA
Bogota, Enero del 2003

[1] Ministerio de Defensa. República de Colombia. Informe Anual de
 Derechos Humanos y DIH 2001. Bogotá, Febrero de 2002. P. 11.
[2] Situación de los Derechos Humanos en Colombia año 2001. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Bogotá. Mayo 
de 2002. P.9.
[3] Colombia, Conflicto Armado, Regiones, Derechos Humanos y DIH 
 1998 - 2002. Vicepresidencia de la República. Bogotá. Julio de 
2002. P. 22
[4] Situación de los Derechos Humanos en Colombia año 2001. 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. 
Bogotá. Mayo de 2002. P. 19
[5] Ministerio de Defensa, Op. Cit. 
[6] Amnistía Internacional. Carta Abierta al Presidente de Colombia,
 Álvaro Uribe Vélez. 7 de agosto de 2002.  
[7] Colombia, Conflicto Armado, Regiones, Derechos Humanos y 
DIH  1998 - 2002. Vicepresidencia de la República. Bogotá. Julio 
de 2002. P. 11
[8] Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz. Documentos 
preparatorios del III Encuentro. Bogota, septiembre de 2002. 
[9] Mesas Ciudadanas, Op. cit.  




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